LA APUESTA DEL CENTRO DEMOCRÁTICO

por: Juan David Barreto

El hoy candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, ha sido sin duda protagonista y figura central del actual proceso electoral, impulsado de manera clara por su jefe político el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por su oposición a algunas de las políticas principales del actual gobierno y de manera más reciente, por el carácter polémico y cuestionado de su actuar en campaña. Pero más allá de rebobinar las ya conocidas polémicas en torno a la candidatura de este Economista de la Universidad Javeriana, se pretende recoger, desde el análisis de los aspectos programáticos, la posición política del candidato, así como sus posturas en torno a los temas de Paz y seguridad, relaciones con los demás poderes públicos, educación y Justicia, con el ánimo de ubicar los posibles escenarios en caso de que fuese elegido como presidente de la Republica.

Para ubicar al candidato Oscar Iván Zuluaga, se debe recordar que ha surgido en el escenario político colombiano, en un momento en el que el gobierno del Presidente Santos concentra la mayoría de sus esfuerzos en la consecución de una salida política al conflicto que ha azotado los campos y ciudades colombianas durante 50 años. El discurso de Zuluaga, fuertemente crítico de una salida negociada, se deriva de la posición que frente a este aspecto mantuvo el anterior gobierno de Álvaro Uribe, quien adelantó durante 8 años la fórmula que pretendía una victoria militar frente a los grupos insurgentes y que al criterio muchos, no tuvo la continuidad esperada en el gobierno Santos. Zuluaga, se postula como alternativa para dar continuidad al proyecto Uribista, en momentos en que las toldas de su partido y las de la llamada Mesa de Unidad Nacional se encuentran algo más que distanciadas, al punto de convertirse en fuertes contendores políticos. De esta manera, la principal apuesta del Centro Democrático es la recuperación de la denominada “mano firme”, una vuelta al pasado, que como quedó demostrado en las pasadas elecciones legislativas, cuenta con un respaldo multitudinario, suficiente para ser la segunda fuerza política en el Congreso de la República.

Con propuestas sobre el proceso de paz y la recuperación de la seguridad democrática, la campaña de Zuluaga se ha ganado el favoritismo de un gran sector del electorado, pasando de un 12% de apoyo a cerca de un 30% en tan solo unos meses. Se debe recordar que sobre este aspecto el candidato propone la suspensión de los diálogos de Paz hasta tanto la guerrilla de las FARC atienda el llamado a un cese unilateral de las acciones violentas, en cuyo caso continuaría los diálogos introduciendo varios ajustes entre los cuales plantea: una mayor exigencia de responsabilidades al grupo insurgente, el pago de penas no excarcelables para todos sus miembros y el veto a una eventual participación política especialmente de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad. En otras palabras, la rendición y entrega del grupo armado en medio de un escenario de negociación.

De igual manera, propone Zuluaga la redención de la Política de Defensa y Seguridad Democrática a través de la recuperación del control del territorio por parte de la fuerza pública, la ampliación de la red de cooperantes, la actuación coordinada de todas las fuerzas, el aumento en los salarios de los soldados y policías y la implementación del Fuero Militar, entre otras acciones que pretenden crear un marco jurídico, financiero y táctico propicio para el debilitamiento militar de las guerrillas, la lucha contra el narcotráfico y la pretensión del control efectivo del territorio. Igualmente, se ha estructurado una agenda para trabajar por una sociedad libre de drogas, que comprende la erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos y el reforzamiento al programa de familias guardabosques.

Sin embargo, debemos recordar que la aplicación de la política de Defensa y Seguridad Democrática se ha dado durante más de 10 años con algunos resultados en términos del debilitamiento de las fuerzas insurgentes, pero más allá de esto, se debe anotar , que desde dicha política se contempla la necesidad de finalizar el conflicto por medio de un dialogo político en dónde se acuerden las condiciones del cese de hostilidades, la reintegración y la participación de los disidentes que decidan hacer parte de la vida democrática del país. Por lo que la versión de una “traición” por parte del gobierno Santos frente a la aplicación de esta política estandarte del gobierno Uribe, se queda sin argumentos. De igual manera se debe reconocer, atendiendo a la historia del conflicto colombiano, así como a las experiencias de conflictos armados a lo largo y ancho del planeta, que la derrota militar jamás ha dado término efectivo a este tipo de contiendas, que siempre, en favor de la democracia y de la vida, se han terminado en mesas de negociación.

Íntimamente ligado con el tema de la seguridad, se han lanzado propuestas en torno a una eventual reforma a la justicia, sobre todo en lo referente al restablecimiento del fuero penal militar, que permita una justicia que “realice un juicio con pleno conocimiento de las circunstancias operacionales de las fuerzas militares y sancione ejemplarmente a quienes cometan actos punibles”. De igual manera se plantea el fortalecimiento y modernización tanto del Ministerio de Justicia, como de la Fiscalía General de la Nación.

La ausencia de mayores detalles sobre la manera en que adelantarían dichos procesos, es de entrada preocupante en torno a los aspecto técnicos que se requiere tener en cuenta y los cambios administrativos que desencadenarían dichas propuestas que como cualquier reforma, traería traumatismos al funcionamiento cotidiano de entidades claves del Estado colombiano como la fiscalía general, abriendo las posibilidades no sólo de una mayor corrupción, sino de una mayor politización de órganos que en principio deben atender exclusivamente a criterios jurídicos, de igual manera es profundamente contraproducente, como lo han señalado organismos de protección de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, la insistencia en la aplicación de un fuero penal militar, que pondría en duda la capacidad de la justicia Colombiana para evitar la impunidad en los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado, durante el desarrollo del conflicto armado.

Respecto al tema educativo, Zuluaga y su equipo han planteado la cobertura universal en atención a la primera infancia a través de centros de desarrollo infantil que atenderán a cerca de 2.8 millones de niños y niñas menores de 5 años, durante 220 días al año, así como el aseguramiento de al menos el 80% de la dieta requerida por esta población. De otro lado se propone la cualificación de la labor de las madres comunitarias al capacitarlas en los niveles técnicos y profesionales para el desarrollo infantil, así como la extensión de la jornada escolar hasta 8 horas diarias, un programa nacional de bilingüismo y un aumento salarial para los maestros y maestras, acompañados de programas de formación. Sobre la educación superior, Zulaga propone gratuidad para los niveles 1,2 y 3 del SISBEN y extensión de los créditos del ICETEX.

Es de anotar que además de aclarar la viabilidad económica de estas propuestas, hace falta garantizar su viabilidad política, dado que en temas como educación, justicia o salud, se encuentran condicionadas a la aprobación por parte de un congreso en el que la bancada Uribista, ocupa apenas la quinta parte, lo cual aunque significativo en términos electorales, no basta para sacar adelante ningún proyecto de ley. Por lo que en un eventual gobierno Oscar Iván Zuluaga, se vería abocado a buscar alianzas con otros partidos cercanos al Centro Democrático, como el partido conservador que podría aumentar sus posibilidades de gobernabilidad y contrarrestar la desde ya anunciada oposición de la llamada unidad nacional que congrega 47 de las 102 curules en la corporación.

Luego de este breve recorrido, se puede concluir que en un eventual gobierno del Centro Democrático, se emprendería una serie de reformas institucionales que no solo tendrían los obstáculos políticos que se han señalado antes, sino que requerirían de fuertes asignaciones de presupuesto que no han sido debidamente clarificadas por el candidato Zuluaga, empero significan esfuerzos fiscales importantes de carácter permanente.

Por otro lado, se desatarían serios conflictos en torno al proceso de paz y las relaciones con el congreso de la república, que redundarían en la agudización de una polarización política, que ha permanecido latente en la sociedad colombiana, pero que ahora tendría en el escenario del Estado y sus poderes públicos una expresión clara. Por una parte frente al proceso de paz, el tono mucho más exigente y sin ningún tipo de concesión, no solo podría frenar las negociaciones, sino agudizar aún más las ya lamentables condiciones de guerra en Colombia, que se verían reflejadas en los distintos sectores sociales que de una u otra manera tomarán partido en dicha confrontación, perpetuando el conflicto y confirmando su histórico carácter pendular que durante medio siglo se ha movido entre la derrota militar y una salida política, que no solo no se han dado, sino que han significado la muerte, el desplazamiento y la degradación de las condiciones de vida de una buena parte de la población colombiana.

Así mismo, la disputa política entre lo que se podría llamar la bancada Santista, representada por los partidos de unidad Nacional y la bancada Uribista en el congreso de la república, podrían significar una grave crisis de gobernabilidad en el país, derivada no tanto de las diferencias programáticas, sino también de las consecuencias legales y políticas que producto de las acusaciones que durante la campaña presidencial se han hecho hacia el candidato Oscar Iván Zuluaga y hacia el presidente Juan Manuel Santos, dado que un gobernante no puede garantizar la idoneidad de su gestión mientras ocupe su tiempo en la defensa de la legalidad de sus acciones precedentes, en este sentido, de ser elegido presidente, Oscar Iván Zulueaga debe buscar un acercamiento con todas las fuerzas políticas del país y el a apoyo a programas que van más allá de la disputa política y que si se lee con cuidado aparecen de manera constante en las propuestas de diferentes candidatos, temas como el de Educación y Salud, puede fácilmente acordarse debido a que entre las bancadas de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, existen muchos más acuerdos que contradicciones.

Referencias:

 

  • Gran Encuesta de RCN Radio, RCN Televisión, La FM y SEMANA. Disponible en http://www.lafm.com.co/galerias/consulte-la-ltima-gran-encuesta-aqu