Respuesta ante la crisis
En CIPADE hemos rechazado vehementemente los abusos de la fuerza pública que han tenido lugar en medio de las más recientes manifestaciones publicas, al igual que vemos con profunda preocupación los atentados desmesurados contra la vida y los derechos humanos de quienes habitamos este territorio. Motivo por el cual, insistimos en que el establecimiento de responsabilidades es urgente e indispensable en la construcción de una democracia para Colombia. Nuestro corazón está y estará con todas las víctimas de esta violencia desborda.
Ante la situación CIPADE como organización académica y social reconoce la responsabilidad que le corresponda ante la evidente situación de crisis ahora visibilizada, al intentar, sin el éxito deseado, ser un espacio pedagogico, de dialogo comunitario y posicionamiento de las legitimas demandas sociales en la agenda de la política institucional. Por esta razón, buscamos enmendar el rumbo perseverando en hacer de este espacio un lugar diverso y seguro par el dialogo, que coloca a disposición de la comunidad nuestros conocimientos y herramientas para la solución y comprensión de nuestros problemas políticos comunes.
Con este animo, abrimos este espacio para compartir nuestras idea y pensamientos sobre las soluciones que identificamos en nuestro ordenamiento político y juridico, con el modesto fin de apoyar sus reflexiones, ser una fuente útil de información, pero sobre todo, para rescatar la política como la herramienta imprescindible de la vida en común y aquella que nos permitirá gestionar nuestras diferencias.
Análisis sobre las implicaciones de la convocatoria a una constituyente
Angela Hernández, Mayo 2021
Una de las posibles salidas institucionales a la crisis política y social, que se expresa en las demandas del paro nacional, es la redacción de una nueva constitución política. Así se ha planteado por parte de algunos sectores de la sociedad que consideran que, tras treinta años de la Carta Política de 1991, las instituciones no han podido consolidar la promesa de la garantía de derechos fundamentales, como lo son el derecho a la salud o a la educación. Otras aspiraciones como una política económica justa y redistributiva no se considera un horizonte posible bajo la actual constitución, teniendo en cuenta que precisamente, fue bajo esta constitución que se dio el paso a tres décadas de políticas neoliberales.
En términos básicos, una constituyente es una convocatoria a diferentes sectores sociales y políticos del país, cuyos representantes son elegidos mediante voto popular, y que son designados para redactar una nueva constitución en un tiempo determinado. Como lo demuestra el ejemplo chileno (y también el contexto colombiano de finales de los ochentas), ante la imposibilidad de avanzar en las reformas necesarias bajo el estado de cosas vigente, la constituyente es un escenario propicio para fundar un nuevo pacto social. En el caso chileno, se abre la posibilidad de superar una constitución que muchos consideran ilegítima por haber sido redactada en el marco de la dictadura de Augusto Pinochet. No obstante, para la Colombia actual, este camino no deja de tener efectos que podrían ser adversos, lo que nos hace preguntarnos sobre su pertinencia.
En primer lugar, el balance de fuerzas políticas que hoy conforma el Congreso de la República como constituyente derivado es el resultado de la polarización política de los últimos años. Tras casi dos décadas de hegemonía uribista, y con un proceso de paz a cuestas; lejos de buscar un “acuerdo sobre los fundamental”, el país político ha experimentado una profunda fragmentación. Esto se demuestra no solo en lo que fue plebiscito de refrendación de los acuerdos con las FARC, sino en los resultados de las últimas elecciones presidenciales, que, reflejando tal división, dejan un estrecho margen de maniobra para la gobernabilidad. Ante esta evidencia, la convocatoria a una asamblea Constituyente puede resultar adversa si lo que se quiere es un acuerdo nacional sobre la Colombia de las próximas décadas. Un escenario muy distinto al del optimismo que impregnó el proceso de paz con las guerrillas a principios de los noventa, y la necesidad que expresaban en ese entonces varios sectores políticos sobre la idea de superar una constitución de 104 años y así establecer principios constitucionales acordes con los nuevos tiempos.
En segundo lugar, ligado al fenómeno de polarización política, es claro que hoy existen apuestas políticas neoconservadoras en los diferentes escenarios de deliberación, no solo en Colombia sino como fenómeno global. Desde el Ejecutivo, pasando por el Congreso de la República, los organismos de control y hasta en el seno mismo de la Corte Constitucional, estas posturas vienen ganando espacios que limitan la ampliación de libertades individuales, particularmente frente a los derechos de las mujeres y las identidades de género diversas. En ese sentido, para varios sectores que se han movilizado en el marco del paro, y que coinciden en posturas progresistas sobre los derechos fundamentales, resultaría contraproducente una constituyente mayoritariamente representada por estos sectores, lo que sin lugar a duda sería el freno para las últimas décadas en el reconocimiento de derechos.
En tercer lugar, la movilización actual, que inició con ocasión de la reforma tributaria promovida en cabeza del ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha sido vista como un estallido social que obedece a diversas demandas, agendas y actores. Así las cosas, tras un mes de movilización; la reforma policial, la ampliación de la universidad pública, y lucha contra la corrupción son algunos de los asuntos que se derivan de las voces movilizadas en las calles, sin embargo, este no es aún un pliego de peticiones claro y acotado. Vale la pena aclarar, que los repertorios de la movilización están obedeciendo a una dinámica fluida y diversa, y no se ve necesariamente representados en un sector político específico ni en el denominado “Comité del paro”. Esto podría ser un punto por considerar de cara a la convocatoria de una constituyente, que, de entrada, debería ofrecer una visión clara en materia de principios y agendas sobre el futuro del país.
En tercer lugar, varios sectores argumentan que lo que se necesita es avanzar en la real implementación de las promesas de la constitución vigente, que consideran de por sí progresistas y garantistas. En ese sentido, destacan que, mediante su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha dirimido sobre estos principios, buscando las salidas más garantistas en el marco del estado social de derecho. En contraposición, instituciones como la Fiscalía General de la Nación merecerían una serie de reformas profundas para evitar su cooptación por parte del ejecutivo, y en esa vía, lograr un correcto balance de poderes. Quienes suscriben esta postura argumentan que las reformas constitucionales son instrumentos legítimos y eficaces para profundizar en el cumplimiento de las promesas de la Constitución de 1991. Para ello, resultaría definitivo el balance de fuerzas políticas que se produzca tras las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.
En definitiva, la convocatoria a una constituyente como salida a la crisis política y social en Colombia debe ser considerada a la luz de sus matices. Una correcta lectura del momento político, en cabeza de liderazgos asertivos y dialogantes puede ayudarnos a avanzar en propuestas realistas sobre lo que el país necesita para superar la profunda exclusión y desigualdad social.