Por: Diego G. Suarez
Tengo el honor de inaugurar la sección de opinión del espacio de coyuntura de los jueves de CIPADE. Agradezco al equipo haber considerado mi nombre para esta encomiable tarea e invito a todos nuestro seguidores, lectores, colaboradores, comentadores, conocidos y comunidad en general a participar de este espacio con su lectura y comentarios. Creemos que la discusión pública requiere de un dialogo abierto que permita el contraste de los hechos con la mayor cantidad de insumos. Por esta razón, desde el Centro colocamos a su disposición la opinión de nuestro equipo de trabajo como aporte al debate público.
Hoy más que nunca hace falta recordar que la noción de Estado moderno se deriva del absolutismo monárquico y desde entonces no hemos logrado resolver la discusión entre mando y responsabilidad, que fuera suficiente para acabar la República Romana. Colombia no escapa a esta realidad, sin embargo, no es un tema de discusión pública la responsabilidad y mando de nuestros líderes políticos. De hecho, un congresista puede promover o bloquear un proyecto de ley abiertamente contrario a la voluntad de sus electores sin que esto suponga sanción política, social o jurídica; no existen mecanismos institucionales y tampoco un marco colectivo común que permita asumir los lugares de poder como espacios de responsabilidad social. En otras palabras, para nuestros líderes es increíblemente fácil abstraerse de la realidad que los circunda, como si el haber recibido la confianza de sus compatriotas les impidiera relacionarse de nuevo con ellos y asumir políticamente la responsabilidad que les corresponde.
Por supuesto este no es un problema que caracterice a este gobierno en particular, más bien parece ser un rasgo de nuestra cultura política que afecta no solo a nuestros líderes sino también a cada uno de los y las colombianas. Nuestra historia parece tener el desafortunado efecto de hacernos insensibles a las tragedias humanas y al mismo tiempo tolerantes con nuestra irresponsabilidad. No obstante, aunque es una característica comprensible después de nuestra historia reciente, en este momento histórico es indispensable que reflexionemos sobre las responsabilidades y obligaciones de cada uno de nosotros en medio de este aparente desdén generalizado, que no se limita a la implementación del proceso de paz o la gestión de la pandemia, sino que incluye además el desgarre del tejido social a lo largo de todo el territorio nacional.
Ahora bien, nuestro acuerdo social, la constitución de 1991, es clara en especificar los deberes y derechos de los ciudadanos, pero es igualmente taxativa al describir las responsabilidades de nuestros órganos de gobierno, aún así parece necesario recordarles a las autoridades que es su responsabilidad garantizar la vida, la honra y el buen nombre de todos, absolutamente todos los colombianos. Ni la conducta delictiva de algunos cuídanos, ni las malas condiciones institucionales pueden ser excusas para el incumplimiento de su responsabilidad social.
Así, cuándo asesinan a uno de nuestros líderes sociales, quien ha fracasado es el Estado como responsable último de la vida, el asesino a cometido un acto criminal por el cual tendrá que ser castigado y resocializado, pero en ningún caso está pena puede siquiera pretender compensar en algún modo la pérdida de una vida humana. Las acciones que le corresponde al Estado adelantar en contra del criminal deben ser independientes de los mecanismos de atención a las victimas, las cuales tienen derecho a reclamar del Estado y de la sociedad la compensación que consideren necesaria sea simbólica o material, con la excepción de la venganza.
La razón de este principio radica en las responsabilidades derivadas de nuestros acuerdos políticos. Teóricamente “todos los colombianos acordamos constituir el Estado colombiano” para que nos proteja en nuestra vida, honrar y buen nombre, para lograrlo todos acordamos “auto asignarnos” un conjunto de deberes, dentro de los cuales está, por supuesto, el cumplimiento de la ley; no obstante, nuestro mismo ordenamiento prevé que el incumplimiento de la ley acarrea una serie de consecuencias impuestas por la sociedad a través de su sistema jurídico. En este sentido, el criminal es responsable ante la sociedad y no exclusivamente ante su victima, ya que ha actuado en contra del acuerdo colectivo, esto explica porque, el aparto de Estado, como representante de toda la sociedad, es quien debe perseguirlo y juzgarlo. Por otra parte, la victima no puede ser reparada con el castigo de su agresor, sino con los medios de quien le ha sido incapaz de garantizar sus derechos, es decir el Estado.
Análogamente, la garantía de nuestros derechos no recae sobre nuestros conciudadanos, sino en las instituciones de gobierno, creadas para tal fin. Por esta razón, me resulta ilógico el discurso revictimizante que insinúa que puede haber móviles de un asesinato, centrando la discusión en las posibles motivaciones de estos hechos, como si hubiera razones válidas para provocar la muerte de una persona. Cada muerte y cada crimen es un fracaso del Estado, si bien no es responsable, la ocurrencia del delito evidencia la incapacidad o ineptitud de cada uno de nuestros servidores públicos, con mayor o menor grado de responsabilidad. Así las cosas, es inadmisible que nuestros servidores públicos, en particular aquellos que lo son al haber sido elegidos popularmente, naturalicen los crimines de Estado y comunes como condiciones propias del ejercicio público cuando es precisamente su obligación impedir que sucedan.
Hago esta reflexión porque quisiera denunciar la incapacidad del gobierno actual y advertir a los y las numerosas pre-candidatas a la presidencia de la república que los retos que enfrentará este país no son menores y sobre sus hombros recaerá la responsabilidad del fracaso o éxito de la sociedad colombiana como proyecto colectivo. Somos un país con un sistema político presidencialista y no hemos opuesto mayor resistencia a la concentración de poder en la presidencia, ahora es momento de exigir resultados sobre el mando que se ha otorgado.